Natalia Álvarez Lata y Cristina Guilarte Martín-Calero
En un contexto social de creciente autonomía y normalización de las personas con discapacidad, datos e informes recientes advierten de la persistencia de prácticas diferenciadoras y discriminatorias en el sector asegurador y denuncian el trato discriminatorio de los seguros hacia las personas con discapacidad y la falta de cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa en la materia, especialmente por la DA 4ª de la Ley del contrato de seguro, disposición en vigor ya desde 2011. La actualidad y relevancia de las políticas anti-discriminación en el Derecho, cuyo último hito es la Ley 15/2022, de 12 de julio, que convierte al derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en un principio informador del ordenamiento jurídico, nos da la oportunidad de profundizar en la interpretación y aplicación de estas normas en el sector asegurador con el objetivo de identificar en la práctica cuándo hay discriminación por razón de discapacidad en el contrato de seguro, cuáles son las conductas típicas de tal actuar y, finalmente, delimitar las consecuencias jurídicas de dicha discriminación.
