La autora reflexiona sobre cómo el cambio climático supone un desafío creciente para el diseño y la gestión de infraestructuras, destacando la necesidad de incorporar medidas de adaptación y tecnologías de monitoreo para garantizar su resiliencia.
A través de su análisis, plantea que el seguro, por naturaleza, discrimina al decidir qué riesgos cubrir y a quién asegurar, pero no toda discriminación puede considerarse ilícita: la clave está en la causa que motiva la diferencia de trato. En este sentido, destaca la complejidad de los casos en los que intervienen personas con discapacidad tras la reforma del Código Civil, subrayando que corresponde a las aseguradoras justificar con base objetiva y actuarial sus decisiones para que estas no sean consideradas una vulneración de derechos.
