Juez admite pago de fianzas a cargo del seguro por presunta comisión de delito de administración desleal

Responsabilidad de administradores y directivos

Objetivo: 

Analizar la responsabilidad de administradores y directivos en un caso concreto de fianzas cautelares en el proceso penal.

CASO: Pago de fianzas cautelares impuestas a administradores y directivos de sociedades en el proceso penal, a cargo de la póliza de D&O

¿POR QUÉ ES INTERESANTE? Uno de los temas más controvertidos en relación con la la cobertura de las pólizas de D&O es el del pago de las fianzas que se imponen a los directivos investigados por la comisión de conductas delictivas. Tras varias polémicas resoluciones de los tribunales penales españoles en casos como Abengoa o Bankia todavía no está claro su alcance y límites.

La Sala de Vistas de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña (UDC) acogió ayer la segunda sesión del programa formativo sobre Responsabilidad Civil “Veredicto Ejemplar”, organizado por la “Cátedra Fundación Inade-UDC”. El caso se centró en escenificar una audiencia previa en la se presentan alegaciones por parte del Ministerio Fiscal y posteriormente la defensa de los querellados en un supuesto que analizaba la decisión del Juez mediante auto sobre la admisión o inadmisión de la póliza de seguros para cubrir las fianzas impuestas por la presunta comisión de un delito de administración desleal en una sociedad previamente involucrada en escándalos relacionados con la corrupción política. 

En la vista, presidida por el Magistrado Ángel Judel Prieto, Presidente de la Sección 1ª (Penal) Audiencia Provincial de A Coruña, intervino Fernando Peña López, Profesor Titular de Derecho Civil de la UDC, en calidad de Fiscal, y María Medina Alcoz, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en defensa de los querellados. Por su parte, Javier Ybarra López-Gómez, Director de Líneas Financieras para España y Portugal de CHUBB presentó las líneas generales de las soluciones ofrecidas por la industria aseguradora en este tipo de casos. 

Durante la introducción del caso, Ángel Judel llamó la atención sobre las posibles repercusiones que se pueden derivar del nuevo delito de “administración desleal” aplicable a cualquier persona que administra los bienes de otro y le causa un perjuicio (tanto administradores de sociedades, como representantes de comunidades vecinales, tutores legales…), dejando así de estar exclusivamente vinculado este delito al ámbito societario. 

Expuesto el argumento del Ministerio Fiscal, a través de un informe interesando que se rechacen las fianzas prestadas por las compañías de seguros con cargo a la póliza de D&O (Consejeros y Directivos), la parte querellada defiende la admisión de dichos avales. 

Javier Ybarra, por su parte, repasó las coberturas principales de este tipo de pólizas de Responsabilidad Civil, recordando que se trata de un instrumento de buena política y gobierno corporativo que ayuda a la retención del talento por parte de las organización y en el que precisamente el pago de fianzas aporta una “garantía de solvencia al sistema, que en muchos casos, pese a tratarse de delitos dolosos no puede ser recobrado por la aseguradora”. El representante de CHUBB recordaba a este respecto que “el 70% de las reclamaciones a directivos que se producen en España van por la vía penal, entrando siempre en juego esta garantía de finanzas”.

Finalmente, los argumentos esgrimidos por el Juez para la aceptación del pago de fianzas a cargo de la compañía aseguradora se basaron en que se trata de una cobertura garantizada en la póliza de Responsabilidad Civil suscrita, que la compañía no se había negado a su abono, y que pese a que la constitución de esa fianza se debe a la presunta comisión de un hecho doloso, la legislación vigente prevé el derecho de repetición de la entidad aseguradora frente a los querellados. 

Durante el coloquio se trataron además temas como la no regulación de las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico español, la figura de la “acusación popular” o los límites impuestos en esas fianzas.

El curso, al que se han matriculado 40 alumnos, seguirá impartiéndose los jueves 23 de febrero y 2 de marzo, día en que se procederá a la clausura, en los que se tratará un caso de responsabilidad por violación de la propiedad industrial de la empresa y un accidente de trabajo. 

Esta actividad formativa nació en 2015, fruto del convenio de colaboración que Fundación Inade mantiene con la UDC. Desde el año pasado es la “Cátedra Fundación Inade - UDC” la organizadora de la actividad, como parte de su área de formación.